Fuente: Europa Press
Fecha: 23 / 01 / 09
El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 que marca las líneas maestras de las políticas sobre drogodependencias de los próximos ocho años en España y que, para este periodo, tratará de concienciar a la población de que el consumo de drogas es un problema de salud pública centrándose en la prevención y en la reducción de la demanda de estas sustancias.
Según destacó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se trata de "un gran pacto institucional, social y científico contra las drogodependencias" en que "la clave es la prevención", avanzando que se van a continuar desarrollando campañas de concienciación sobre los riesgos que conlleva el consumo de drogas.
Además, el nuevo plan incluirá nuevos programas de asistencia e integración social de las personas drogodependientes, con más recursos para mejorar la formación de los profesionales que trabajan en este ámbito y reforzar la cooperación internacional en la lucha contra un problema "que sobrepasa las fronteras".
El documento presentado por el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, tras consensuarlo con todas las administraciones, sectores sociales y científicos implicados, certifica que "el consumo de drogas es hoy muy diferente al de hace ocho años", cuando España aprobó su primera Estrategia 2000-2008.
De este modo, la estrategia concibe el consumo de drogas como un problema de salud pública y girará en torno a la evidencia científica, la participación social y la intersectorialidad, entre otros factores. Para ello, la Estrategia se desarrollará mediante dos planes de acción cuatrienales (2009-2012 y 2013-2016) y se someterá a dos evaluaciones, una intermedia y otra final.
Entre sus objetivos, destacan la promoción de una conciencia social frente al consumo, implicando a toda la sociedad como parte activa a la hora de afrontar el problema, con actuaciones encaminadas a la reducción de la demanda y al control de la oferta, tanto de sustancias legales como ilegales, garantizando la igualdad efectiva de todos los ciudadanos en el acceso a los distintos programas y servicios que se desarrollen.
Además, el Gobierno prevé aumentar las capacidades y habilidades personales para rechazar el consumo de drogas; retrasar la edad de inicio; romper la imagen social del consumo asociado al ocio como algo "normal"; reducir o limitar los daños sobre la salud derivados del consumo de drogas; facilitar la incorporación social de los drogodependientes; y aumentar los mecanismos de control económico sobre los procesos de blanqueo de dinero.
Según destacó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se trata de "un gran pacto institucional, social y científico contra las drogodependencias" en que "la clave es la prevención", avanzando que se van a continuar desarrollando campañas de concienciación sobre los riesgos que conlleva el consumo de drogas.
Además, el nuevo plan incluirá nuevos programas de asistencia e integración social de las personas drogodependientes, con más recursos para mejorar la formación de los profesionales que trabajan en este ámbito y reforzar la cooperación internacional en la lucha contra un problema "que sobrepasa las fronteras".
El documento presentado por el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, tras consensuarlo con todas las administraciones, sectores sociales y científicos implicados, certifica que "el consumo de drogas es hoy muy diferente al de hace ocho años", cuando España aprobó su primera Estrategia 2000-2008.
De este modo, la estrategia concibe el consumo de drogas como un problema de salud pública y girará en torno a la evidencia científica, la participación social y la intersectorialidad, entre otros factores. Para ello, la Estrategia se desarrollará mediante dos planes de acción cuatrienales (2009-2012 y 2013-2016) y se someterá a dos evaluaciones, una intermedia y otra final.
Entre sus objetivos, destacan la promoción de una conciencia social frente al consumo, implicando a toda la sociedad como parte activa a la hora de afrontar el problema, con actuaciones encaminadas a la reducción de la demanda y al control de la oferta, tanto de sustancias legales como ilegales, garantizando la igualdad efectiva de todos los ciudadanos en el acceso a los distintos programas y servicios que se desarrollen.
Además, el Gobierno prevé aumentar las capacidades y habilidades personales para rechazar el consumo de drogas; retrasar la edad de inicio; romper la imagen social del consumo asociado al ocio como algo "normal"; reducir o limitar los daños sobre la salud derivados del consumo de drogas; facilitar la incorporación social de los drogodependientes; y aumentar los mecanismos de control económico sobre los procesos de blanqueo de dinero.
En definitiva, la vicepresidenta primera confió en que "entre todos consigamos retroceder a los que comercian con drogas, que prevalezca la seguridad de las personas y prime la protección a nuestros jóvenes y que venza la salud de nuestra sociedad".
